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Atención a los centros de internamiento de extranjeros

El Gobierno de España, en sus primeras manifestaciones públicas sobre la política de Inmigración, ha hablado de la necesidad de revisar el sistema de los Centros de Internamiento de Extranjeros. El ministro del Interior, Jorge Fernández, anunció a finales de enero en el Congreso que va a elaborar un Reglamento que los regule, incorporando “fórmulas racionales de gestión”. Y precisó que va a definir un modelo de gestión en el que la policía cumpla solo las tareas seguridad, mientras que las restantes sean asumidas por personal especializado al tiempo que se incluyen mejoras en el servicio asistencial y sanitario.

El anuncio coincide con la inauguración de un nuevo centro federal de detención de inmigrantes en Texas, Estados Unidos, el primero que entra en funcionamiento en el marco del plan de la Administración Obama para revisar el sistema de detención de inmigrantes al objeto de que deje de tratarlos a todos sin distinción como delincuentes. A diferencia de los tradicionales (250 en total), la apariencia del nuevo centro es más de escuela que de cárcel, los guardias no son guardias sino “consejeros residentes” y no van de uniforme ni llevan armas, los detenidos tienen libertad de movimiento dentro del recinto, que cuenta con biblioteca, instalaciones deportivas, zonas ajardinadas, etc. La apertura ha sido objeto de un editorial en el New York Times (“Immigration detainees get a ´better´prison”) que valora el cambio pero recomienda explorar la ampliación de medidas alternativas a la detención de los inmigrantes irregulares que no presentan riesgo, como la custodia a cargo de entidades sociales o el arresto domiciliario. Estas medidas, con las que la Administración gastaría menos, son más humanitarias y aseguran por igual la comparecencia de los infractores ante la justicia en el momento oportuno, concluye el Times.

 

En los Estados Unidos, la mitad de los inmigrantes detenidos lo están en centros gestionados por empresas privadas. Allí, pero también en Australia y el Reino Unido, un puñado de multinacionales de la seguridad están haciendo de las campañas gubernamentales contra la inmigración un floreciente negocio global. El New York Times lo explicaba hace pocos meses en un interesante artículo que viene a cuento.


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